El Tribunal Superior de Justicia destituyó al juez de Paz de Leones

El Tribunal Superior de Justicia destituyó al juez de Paz de Leones

by April 20, 2009 0 comments

El funcionario se excedió en sus facultades, dictando medidas cautelares por montos superiores a los permitidos.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba destituyó al titular del Juzgado de Paz de Leones, Roberto Jorge Valfré, tras declararlo incurso en la causal de “mal desempeño” en sus funciones.
Según la acusación formulada por la Fiscalía General de la Provincia, Valfré ordenó numerosas medidas cautelares (embargos preventivos, inhibiciones general de bienes, cancelaciones de embargos, entre otras) por montos varias veces superiores al límite que la ley impone a la intervención de los jueces de paz.

La sentencia expresa que la legislación vigente permite a estos funcionarios entender en los asuntos civiles y comerciales en los cuales el valor en disputa no supere los 40 jus (2.484 pesos); límite que sólo puede franquearse de manera excepcional “en casos de urgencia” debidamente justificada, cuando una eventual demora pudiera perjudicar en forma inminente o irreparable algún derecho o cuando está en juego el normal y eficiente servicio de justicia.
Sumado a ello, el TSJ constató que casi la totalidad de los 22 actos investigados fueron dictados por el juez Valfré “en días hábiles o en domicilios en cuyas sedes cuentan con tribunales ordinarios competentes para dictar las medidas y/o ya intervenía uno por lo que la razón de urgencia queda objetivamente excluida”.
El TSJ también destacó: “Se hace palmaria la liviandad con que se ha desempeñado el magistrado que no solo excedió su competencia en esta provincia sino que extendió su actuación ante oficinas publicas de otras provincias (Registro de Propiedad del Automotor delegación Cañada de Gómez, Provincia de Santa Fe)”.
“La actividad desplegada por el juez de Paz, ha sido reiterada, incorrecta por su contrariedad evidente con el marco legal al que debía ajustarse y además lo hizo aprovechándose de su calidad funcional, por lo que merece calificarse como ‘mal desempeño en las funciones’, dañando de esta forma la imagen que el funcionario público debe tener ante la sociedad y con ello el normal y correcto comportamiento que los que están en la función pública deben respetar”, concluyó el Alto Cuerpo.

SENTENCIA NUMERO: SETENTA Y SEIS
En la ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de abril del año dos mil nueve, siendo las once horas, se constituyó en audiencia pública el Tribunal Superior de Justicia, con la Presidencia de la Dra. Aída Tarditti y la asistencia de los señores Vocales Dres., Aída Tarditti, María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, Domingo Juan Sesín, Luis Enrique Rubio, Armando Segundo Andruet y Carlos Francisco García Allocco, a fin de dictar sentencia en los autos: “FISCAL GENERAL SOLICTA PROMOVER JUICIO DE DESTITUCIÓN DEL JUEZ DE PAZ DE LA LOCALIDAD DE LEONES, SR. ROBERTO JORGE VALFRÉ” (Expte. “F”, 10/2007), con motivo del juicio de destitución tramitado en contra del Sr. Juez de Paz de la localidad de Leones de esta Provincia de Córdoba, Roberto Jorge Valfré.
Se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:
1) ¿Está probada la existencia del hecho atribuido al acusado y su participación en el mismo?.
2) ¿Tal hecho configuran causal de remoción establecida por el art. 154 de la Constitución Provincial?.
3)¿Qué resolución corresponde dictar?.
Los señores Vocales emitirán su voto en forma conjunta.
A LA PRIMERA CUESTION:
Los señores Vocales doctores Aída Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli, María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, Luis Enrique Rubio, Domingo Juan Sesin, Armando Segundo Andruet y Carlos Francisco García Allocco, dijeron:
I). Que el Sr. Fiscal General de la Provincia de Córdoba (fs. 169/171), por Dictamen U-246 de fecha 2/5/07, solicita a este Tribunal Superior de Justicia el requerimiento del juicio de destitución en contra del Sr. Roberto Jorge Valfré, Juez de Paz de la localidad de Leones de esta Provincia de Córdoba.
Sostiene, el Señor Fiscal General, que al Señor Juez de Paz Valfré se le atribuyen los siguientes hechos: “… en ejercicio de sus funciones ordenó las siguientes medidas cautelares 1) Embargo Preventivo de urgencia solicitado por Carlos Alberto del Barco en relación a los autos “Nuevo Banco Suquia S.A. c/ Roque Licari y Otros –P.V.E Ejecutivo” (Exp. Letra N/04/2003) correspondientes al Juzgado de 1ª Instancia y 2ª Nominación de Bell Ville por pesos cuarenta mil ($40.000).- 2) Requerimiento de habilitación de feria y embargo preventivo de urgencia solicitado por Analía del Lujan Barovero en relación a Silvina Mercedes Rosso por pesos treinta mil ($30.000).- 3) Cancelación de embargo solicitada por Diego Carlos Barovero en relación a Norma Ana Ugnia de Siccardi.- 4) Embargo Preventivo de urgencia solicitado por Enrique J. Claramonte en relación a Silvina Mercedes Rosso por pesos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta ($46.250).- 5) Embargo Preventivo solicitado por Teresa Susana Canale.- 6) Embargo Preventivo e inhibición general de bienes solicitado por Guillermo Demichelis y otra en relación a Dante Carasso por pesos treinta mil ($30.000).- 7) Embargo Preventivo de urgencia solicitado por Cosme Ángel Durante en relación a Silvina Mercedes Rosso por pesos treinta y nueve mil ochocientos veintidós ($39.822).- 8) Embargo preventivo solicitado por Julio Garrido en relación a Néstor Badariotti por pesos treinta mil ($30.000).- 9) Inhibición Gral de Bienes solicitada por Miguel Roberto Francioni en relación a María Ribero.- 10) Embargo Preventivo de urgencia solicitado por Rodolfo Juan Ghinaudo en relación a Luis P. Passarelli por pesos cuarenta mil ($40.000).- 11) Embargo preventivo de urgencia solicitado por Silvio Luis Lingua por pesos ciento cincuenta mil ($150.000).- 12) Cancelación de embargo solicitado por José María llarena Libra.- 13) Embargo preventivo de urgencia solicitado por José María Llarena en relación a la sucesión de Garetto de Speranzoni por pesos ciento noventa y cinco mil ($195.000).- 14) Embargo Preventivo de urgencia solicitado por José María Llarena Libra en relación a la sucesión de Arrigoni, Mariano por pesos ciento noventa y cinco.- 15) Inhibición General de bienes y solicitud de levantamiento de medida solicitada por Diego Mateucci en relación a Rubén Fatorelli.- 16) Inhibición General de Bienes solicitado por Inés Cecilia Reale de Manzini o Manccini en relación a Sergio Héctor Manzini.- 17) Embargo solicitado por Diego Carlos Barovero en relación a Rubén Vicente Lorenzo.- 18) Embargo preventivo de urgencia e inhibición subsidiaria solicitada por Andrés José Panguegui en relación a Jorge Martín Boccolini por pesos ciento cincuenta mil ($150.000).- 19) Cancelación de embargo solicitado por Gabriela Beatriz Piclú en relación a Roberto Manuel Molina.- 20) Embargo preventivo de urgencia solicitado por Carlos Alberto Rossini en relación a la firma “Bobba y Garetto S.H.” por pesos doscientos diez mil ($210.000).- 21) Embargo preventivo de urgencia solicitado por Osvaldo Juan Valinotti y Victor Valinotti en relación a Jorge Bonanno por pesos cuarenta mil ($40.000).- 22) Anotación de bien litigioso solicitada por Miguel Ángel Zanotti en relación a Francisco Canale…”.
II) Que este Tribunal Superior por Acuerdo número tres, del 22 de mayo de 2007 (fs. 173/175 vta.), resolvió: “… Admitir la acusación formulada por el Señor Fiscal General en contra del Sr. Juez de Paz de la localidad de Leones de esta Provincia de Córdoba, por la causal de “mal desempeño de sus funciones” (arts. 154 y 169, Const. Pcial.).
III) Dicho Acuerdo fue notificado al Sr. Juez de Paz Roberto Jorge Valfré, quien designó como letrados defensores a los Dres. Natalia Carbonetti y a Gustavo Daniel Villarroel. Luego de ello y tras haber transcurrido con holgura el término establecido en el art. 11 del Acuerdo de fecha 21 de marzo de 1961 (Procedimiento en juicios de destitución), sin que la defensa respondiera por escrito a los cargos que se le formulan, ni ofreciera prueba, se prosiguió con el trámite propio del juicio y se admitió la prueba ofrecida por el Sr. Fiscal General.
IV) Con respecto al hecho denunciado obran en autos los siguientes elementos de prueba:
a) Copia del embargo preventivo requerido ante el Juez de Paz Valfré en autos “Nuevo Bco Suquia c/ Roque Licari y Otros – PVE” por la suma $ 40.000 de fecha 12/3/04 (fs. 77/79);
b) Copia del embargo preventivo requerido ante el Juez de Paz Valfré por la Dra. Analía del Lujan Barovero en autos “Barovero, Analía del Lujan c/ Silvina M. Rosso” por $ 30.000 de fecha 07/4/2005 (fs. 80/81);
c) Copia de Cancelación de embargo requerido al Juez de Paz Valfré de fecha 30/12/2003 (fs. 82/83);
d) Copia de Embargo Preventivo requerido al Juez de Paz Valfré por Enrique Claramonte (patrocinado por la Dra. Gastaldi) por la suma de $ 46.250 con más el 30% de fecha 24/3/2003 (fs. 84/85);
e) Copia de medida cautelar requerida ante el Juez de Paz Valfré por Teresa Susana Canale con el patrocinio letrado del Dr. Barovero de fecha 29/10/2003 (fs. 86/98);
f) Copia de Embargo Preventivo requerida ante el Juez de Paz Valfré por Guillermo Enrique Demichelis por la suma $ 30.000 de fecha 29/4/2005 (fs. 99/103);
g) Copia del Embargo Preventivo requerido al Juez de Paz Valfré por Cosme Ángel Durante –patrocinada por la Dra. Gastaldi- por la suma $39.822 con más el 30% de fecha 02/04/2003 (fs. 104/106);
h) Copia del Embargo Preventivo requerido al Juez de Paz Valfré por Julio Garrido por la suma $30.000 de fecha 01/4/2005 (fs. 120/122);
i) Copia del Embargo Preventivo requerido al Juez de Paz Valfré por Rodolfo Juan Ghinaudo por la suma $40.000 de fecha 28/6/2003 (fs. 123);
j) Copia del Embargo Preventivo –anotación de litis- requerido al Juez de Paz Valfré por Rodolfo Juan Ghinaudo de fecha 12/8/2003 (fs. 124).- Dicha documentación se corresponde a copias del protocolo de medidas cautelares del Juzgado de Leones (letras C a K).
k) Copia del Embargo Preventivo requerido al Juez de Paz Valfré por parte de Silvio Luis Lingua por la suma de pesos $ 150.000 de fecha 24/3/2004 (fs. 125/129);
l) Copia del Embargo Preventivo requerido al Juez de Paz Valfré por parte de José María Llarena Libra por $ 150.000 de fecha 21/4/2005 (fs. 132/133);
ll) Copia de embargo preventivo otorgado por el Juez de Paz al Dr. Diego Carlos Barovero –por el total de dinero en efectivo que perciba Rubén Vicente Lorenzo- de fecha 19/5/2005 (fs. 142/147);
m) Copia de embargo preventivo requerido al Juez de Paz Valfré por Andrés José Paguegui –patrocinado por el Dr. Mariano Avalle- en contra de la firma “El Chaico SRL” por $ 150.000, de fecha 01/7/2005 (fs. 148/149);
n) Copia de embargo preventivo otorgado por el Juez de Paz Valfré por requerimiento de Carlos Rossini, por $ 210.000 de fecha 26/4/2004 (fs. 152/154);
ñ) Copia de embargo preventivo otorgado por el Juez de Paz Valfré por requerimiento de Osvaldo Valinotti por $ 40.000 de fecha 27/6/2003 (fs. 155/158). Lo discriminado se corresponde a copias fieles del protocolo de medidas cautelares del Juzgado de Leones (letras L a Z ).
Corren por cuerda separadas las siguientes constancias:
1.- Copias certificadas del Libro de Embargos Preventivos de Urgencia – Letras “A-B” -segunda parte- del Juzgado de Paz de Leones, Dpto. M. Juárez (fs. 1 a 172);
2.- Copias certificadas del Libro de Embargos Preventivos de Urgencias –Letra “C – K” del Juzgado de Paz de Leones, Dpto. M. Juárez (fs. 1 a 183);
3.- Copias certificadas del Libro de Embargos Preventivos de Urgencia –Letras “L-Z” –primera parte- del Juzgado de Paz de Leones, Dpto. M. Juárez (fs. 1 a 211);
4.- Copias certificadas del Libro de Embargos Preventivos de Urgencia –Letras “L-Z” –segunda parte- del Juzgado de Paz de Leones, Dpto. M. Juárez (fs. 212 a 409);
5.- Copias certificadas del Libro de Embargos Preventivos de Urgencia “Tarjeta Naranja”–Letras “A-K” –primera parte- del Juzgado de Paz de Leones, Dpto. M. Juárez (fs. 1 a 197)
6.- Copias certificadas del Libro de Embargos Preventivos de Urgencia “Tarjeta Naranja”–Letras “A-K” –segunda parte- del Juzgado de Paz de Leones, Dpto. M. Juárez (fs. 198 a 382);
7.- Copias certificadas del Libro de Embargos Preventivos de Urgencia “Tarjeta Naranja”–Letras “L-Z” –primera parte- del Juzgado de Paz de Leones, Dpto. M. Juárez (fs. 1 a 239);
8.- Copias certificadas del Libro de Embargos Preventivos de Urgencia “Tarjeta Naranja”–Letras “L-Z” –segunda parte- del Juzgado de Paz de Leones, Dpto. M. Juárez (fs. 239 a 470);
9.- Copias certificadas del Libro de Intervenciones del Juzgado de Paz de Leones, Dpto. M. Juárez (fs. 1 a 187);
10.- Copias certificadas del Libro de Entradas y Salidas de cédulas de notificación, oficios y archivos del Juzgado de Paz de Leones, Dpto. M. Juárez (fs. 1 a 24) y demás constancias de autos.-
VI) Producida la prueba se corrió traslado al Sr. Fiscal General y a la defensa, a fin de que presenten sus alegatos
1) El Representante del Ministerio Público, mediante escrito prestado a fs. 190/195, solicita la “destitución” del Sr. Juez de Paz, fundamenta su pedido en que se debe tener en cuenta que se encuentran agregados los decretos y oficios que ordenaban trabar las medidas cautelares (fs 78/157), de donde surgen las irregularidades administrativas endilgadas al Sr. Juez de Paz de la ciudad de Leones, en las fechas comprendidas entre el 24/3/2003 y 01/7/2005.
Advierte que en forma notoria el Funcionario actuó en franca violación a lo dispuesto por el art. 49 inc. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Acuerdo N° 230 serie “A” de fecha 16 de mayo de 2000. Recuerda que la judicatura de paz resulta competente para disponer medidas cautelares previas a la interposición de la demanda “en casos de urgencia” (art. 7. inc. 4 del C.P.C. y C., ley 8.465). La referida norma procedimental constituye una excepción a los límites establecidos en el art. 49 de la ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435 y sus modificatorias, que trata sobre la competencia material de los Jueces de Paz, disponiendo en su inc. 1° que estos conocerán de los asuntos civiles y comerciales en los que el valor cuestionado no supere los cuarenta jus.
Continúa el Representante del Ministerio Público en línea con lo señalado y dice que frente a las posibles interpretaciones de la expresión “casos de urgencia” empleada por el C.P.C., el Acuerdo 230 Serie “A” de fecha 16/5/2000 echó luz sobre los límites de actuación de los Jueces Paz, exigiendo a estos realizar un juicio de valor respecto a la existencia de la situación de urgencia, indicando que se da en los casos en que objetivamente medien tales razones. El concepto de urgencia que da la norma domestica se relaciona con la necesidad de posibilitar un eficiente servicio de justicia en situaciones en que el perjuicio sea inminente o irreparable, lo que -en cada caso- puede justificar la actuación excepcional de los jueces de paz, ya que la dilación emergente de la actuación del Tribunal letrado podría frustrar la concreción de la cautelar pretendida.
El orden legal explicitado resulta conducente para establecer los extremos infranqueables en que deben actuar los Jueces de Paz, ya que resulta “excepcional” la posibilidad de ordenar medidas precautorias en montos superiores al equivalente a 40 jus. El propio acuerdo mencionado destaca que la situación de urgencia que la ley prevé es la condición para el arbitrio excepcional dispensada a la justicia de paz para actuar fuera de su competencia.-
Habiendo delimitado así el problema, analiza las constancias probatorias incorporadas y los cuerpos de pruebas que obran por cuerda separada, de los que según el Sr. Fiscal se desprende con toda nitidez que Roberto Valfré ha inobservado la disposición reflejada en el Acuerdo pertinente, vulnerando los parámetros facultativos allí determinados. Dicho razonamiento se funda no solo en la documental incorporada a fs. 78/157 (copias de las 22 medidas cautelares a las que se ha hecho referencia), sino también en las cautelares reseñadas en el “acápite 3” de la descripción de la prueba, que se efectuaron con la misma premura y en montos varias veces superiores al fijado por ley.
Todo ello apreciado en su conjunto -y advirtiendo que las medidas dictadas entre los meses de marzo de 2003 y julio de 2006, superan largamente el centenar-, permite concluir, sin hesitación, que el titular del Juzgado de Paz de Leones no ponderó correctamente su juicio de valor respecto a la real existencia de la urgencia y necesidad que habilitaba su intervención en cada una de las oportunidades, revelando de este modo la ausencia de criterio objetivo para la realización de las mismas, con lo que contravino en forma reiterada la disposición del Excmo. Tribunal de Justicia. Así se lo exige el Acuerdo que regula su actuación, al disponer que, en cada caso “…los señores jueces de paz deberán extremar su juicio de valor en relación a la efectiva existencia de una situación de urgencia que justifique su actuación excepcional”.
2) Asimismo y no obstante haber sido notificado tanto el magistrado investigado como su defensores de todos los actos procesales que se fueron produciendo a lo largo de este extenso proceso (fs. 189,197 y 198), no comparecieron a efectuar el descargo correspondiente.
VII) Adelantamos criterio en el sentido que el cuadro probatorio recepcionado acredita la existencia del hecho por el cual se iniciara este juicio de destitución y que constituyen la causal de destitución por mal desempeño en las funciones prevista en el art. 154 de la Constitución de Córdoba, a la que remite el art. 169 Ibíd.
Damos razones:
La norma que regula la competencia de los Jueces Paz y que demarca su posibilidad de actuación es el art. 49 inc. 1 de la Ley 8435, el que establece que estos funcionarios conocerán de los asuntos civiles y comerciales en los que el valor cuestionado no supere los cuarenta jus. Este límite tiene como excepción lo dispuesto en el art. 7 inc. 4 del C.P.C. y C., que dispone que los jueces de paz pueden realizar medidas cautelares previas a la interposición de la demanda sólo en casos de urgencia.
Ante la posibilidad que se produjeran diferencias en la interpretación de la expresión “casos de urgencia”, el Tribunal Superior de Justicia por Acuerdo N° 230 serie “A” de fecha 16 de mayo del año 2000, estableció para estos funcionarios, la exigencia de realización de un juicio de valor respecto a la situación de urgencia sobre la que deben resolver y en su caso justificar el motivo de la misma.
Esta situación –casos de urgencia- a que hace referencia el Acuerdo Reglamentario recién señalado, se da en los casos en que el perjuicio sea inminente o irreparable y se ponga en juego el normal y eficiente servicio de justicia, lo que da pie a la actuación excepcional de los jueces de paz. Sólo en estos casos este funcionario debe entender y merituar que la actuación tardía del tribunal de juicio podría frustrar la concreción de la cautelar pretendida, con el consecuente detrimento patrimonial.
De la prueba agregada en estos actuados, surge que el Juez de Paz trababa las medidas cautelares en cuestión (fs 78/157), inobservando la disposición reflejada en el art. 49 inc. 1 de la Ley 8435, ya que de las copias de las mismas se desprende que se efectuaron sin soslayar la valoración de las circunstancias fácticas que justificaron la razón de urgencia que abrió la competencia del Sr. Juez de Paz.
Decíamos que el plexo legal mencionado propone los límites infranqueables dentro del cual deben actuar los jueces de paz, resultado excepcional la posibilidad de ordenar medidas precautorias por montos superiores al equivalente a 40 jus. Es en el Acuerdo antes descripto en el que se destaca que la situación de urgencia es la condición para que la justicia de paz pueda actuar con extensión de su competencia, debiendo el juez valorar las situaciones y fundamentar su decisión en el probable perjuicio que se provocaría, por la tardanza normal del servicio de justicia.
Las medidas ordenadas por el Juez de Paz entre los meses de marzo de 2003 y julio de 2006, nos permiten determinar no solo que fueron hechas por un monto superior al límite legal -cuarenta jus-, sino que además Valfré no realizó ni fundamentó el juicio de valor sobre la urgencia y necesidad que le exigía la norma arriba reseñada y que debió haber realizado en cada una de sus intervenciones, revelando así una inobservancia reiterada a la disposición del Excmo. Tribunal Superior de Justicia. Esto conforme lo dispuesto en el Acuerdo Nº 230, Serie “A”, del 16/5/2000, que en el punto 4. de los considerandos expresa “…Bajo estas pautas debe dispensarse una especial consideración a las medidas cautelares que requieren de la intervención de organismos de registro para su efectiva concreción, tal los supuestos en materia de automotores o inmuebles. En tales contingencias, la medida cautelar, en principio, corresponde a la intervención de los tribunales letrados , ya que difícilmente se pueda justificar la urgencia o premura cuando la medida, en definitiva se concreta con al toma de razón realizada siempre en días y horas en que el organismo pertinente extiende su atención al público. Frente a tales supuestos, los señores Jueces de Paz deberán extremar su juicio de valor en relación a la efectiva existencia de una situación de la urgencia que justifique su actuación excepcional…”. Mas aún casi la totalidad de los actos investigados realizados por el Sr. Juez Valfré lo fueron en días hábiles o en domicilios en cuyas sedes cuentan con tribunales ordinarios competentes para dictar las medidas y/o ya intervenía uno por lo que la razón de urgencia queda objetivamente excluída.
Prueba de ello es que si analizamos la prueba agregada en autos surge que:
a) El embargo preventivo requerido en autos “Nuevo Bco Suquia c/ Roque Licari y Otros – PVE”, por la suma $ 40.000 (fs. 77/79), fue tramitado el viernes 12/3/04, ya interviniendo el Juzgado Civil y Comercial de Bell Ville y se efectuó en el Registro de Propiedad del Automotor de la ciudad de Bell Ville.
b) El embargo preventivo requerido en autos “Barovero, Analía del Lujan c/ Silvina M. Rosso” por $ 30.000 (fs. 80/81), se tramito el jueves 07/04/2005, en contra del Bco. Suquia S.A. de Marcos Juárez.
c) La cancelación de embargo requerido al Juez de Paz Valfré (fs. 82/83); se tramitó el martes 30/12/2003; dirigida a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba. Esta medida se encuentra fuera de la competencia del Juez de Paz si el juicio no se encuentra radicado ante él.
d) El Embargo Preventivo requerido por Enrique Claramonte (patrocinado por la Dra. Gastaldi) por la suma de $ 46.250 con más el 30% (fs. 84/85); fue tramitado el lunes 24/3/2003; en la zona rural de Marcos Juárez.
e) La medida cautelar requerida por Teresa Susana Canale con el patrocinio letrado del Dr. Barovero (fs. 86/98); se tramitó el miércoles 29/10/2003; en contra de la Cooperativa Agropecuaria Gral Paz, Bco. Nación Argentina, Bco. Provincia de Córdoba, Bco. Galicia, Agricultores Federados Argentinos, Huinca Cereales todos con domicilio en la ciudad de Marcos Juárez y Marino y Spurio S.R.L., Mujica y Cía S.A., con domicilio en la localidad de Los Surgentes.
f) El Embargo Preventivo requerido por Guillermo Enrique Demichelis por la suma $ 30.000 (fs. 99/103); fue tramitado el viernes 29/04/2005; en el Registro de Propiedad del Automotor delegación Cañada de Gómez, Pcia. de Santa Fe.
g) El Embargo Preventivo requerido por Cosme Ángel Durante –patrocinada por la Dra. Gastaldi- por la suma $39.822 con más el 30% de fecha 02/04/2003 (fs. 104/106); se tramitó el miércoles 02/04/2003; embargo en la zona rural de Marcos Juárez.
h) El Embargo Preventivo requerido por Julio Garrido por la suma $30.000 de fecha (fs. 120/122); se tramitó el viernes 01/04/2005; en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor de la ciudad de Marcos Juárez.
i) El Embargo Preventivo requerido por Rodolfo Juan Ghinaudo por la suma $40.000 de fecha 28/6/2003 (fs. 123); fue tramitado el sábado 28/06/2003; embargo en la zona rural de Marcos Juárez.
j) El Embargo Preventivo –anotación de litis- requerido por Rodolfo Juan Ghinaudo (fs. 124), fue tramitado el martes 12/08/2003.
k) El Embargo Preventivo requerido por parte de Silvio Luis Lingua por la suma de pesos $ 150.000 (fs. 125/129); fue tramitado el miércoles 24/03/2004.
l) Copia del Embargo Preventivo requerido por José María Llarena Libra por $ 150.000 (fs. 132/133); fue tramitado el jueves 21/4/2005.
ll) El embargo preventivo otorgado al Dr. Diego Carlos Barovero –por el total de dinero en efectivo que perciba Rubén Vicente Lorenzo- (fs. 142/147); se tramitó el jueves 19/05/2005; en la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos, Vivienda y Crédito Ltda., Bertotto Boglione S.A., Metalfor S.A., Musian Canciani S.A., todos de la ciudad de Marcos Juárez.
m) El embargo preventivo requerido por Andrés José Paguegui –patrocinado por el Dr. Mariano Avalle- en contra de la firma “El Chaico SRL” por $ 150.000 (fs. 148/149); fue tramitado el viernes 01/07/2005.
n) El embargo preventivo otorgado por requerimiento de Carlos Rossini, por $ 210.000 de fecha 26/4/2004 (fs. 152/154); fue tramitado el lunes 26/04/2004; en la ciudad de Leones, Dpto. Marcos Juárez.
ñ) El embargo preventivo otorgado por requerimiento de Osvaldo Valinotti por $ 40.000 (fs. 155/158), fue tramitado el viernes 27/06/ 2003; en la ciudad de Río Tercero.
Como vemos, amén de no tratarse de un hecho aislado, surge harto evidente que las medidas cautelares dictadas por el Juez de Paz, lo fueron por montos muy superiores a las establecidos por la normativa vigente y sin tener ningún motivo que justifique su urgencia, ya que como ya dijimos en su gran mayoría lo fueron en días hábiles en sedes donde se encuentran radicados tribunales competentes para ello y/o las características de los mismo no autorizaban tal inmediatez. Finalmente cabe destacar que se hace palmaria la liviandad con que se ha desempeñado el magistrado que no solo excedió su competencia en esta provincia sino que extendió su actuación ante oficinas publicas de otras provincias (Registro de Propiedad del Automotor delegación Cañada de Gómez, Pcia. de Santa Fe -ver punto f)).
Por todo ello, ha quedado demostrado con el grado de certeza exigido por la ley, la participación de Valfré en la comisión de los mismos, realizando reiteradamente conductas contrarias a las normas, por lo que corresponde encuadrar el accionar desplegado por el Juez de Paz en la causal de remoción de “mal desempeño de sus funciones” prevista por el art. 154 de la Constitución Provincial.
Así votamos.
A LA SEGUNDA CUESTION
Los señores Vocales doctores, María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti, María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, Luis Enrique Rubio, Domingo Juan Sesin, Armando Segundo Andruet y Carlos Francisco García Allocco, dijeron:
Que de la contestación dada a la primera cuestión, se desprende que el obrar desplegado por el Sr. Juez de Paz de la localidad de Leones, Provincia de Córdoba, Roberto Jorge Valfré, con relación a los hechos que se le endilgan y que se han tenido por probados, configuran la causal de destitución prevista en el art. 154, de la Constitución Provincial.
Ha quedado demostrado certeramente que los hechos atribuido a Valfré han existido y que han sido cometidos por él. La actividad desplegada por el Juez de Paz, ha sido reiterada, incorrecta por su contrariedad evidente con el marco legal al que debía ajustarse y además lo hizo aprovechándose de su calidad funcional, por lo que merece calificarse como “mal desempeño en las funciones”, dañando de esta forma la imagen que el funcionario público debe tener ante la sociedad y con ello el normal y correcto comportamiento que los que están en la función pública deben respetar.
Este Tribunal tiene dicho que para que se configure la causal de mal desempeño, debe haber reiteración de conductas, la ausencia de ello, impide dicha configuración, toda vez que ésta no se satisface con un obrar aislado (T.S.J., Sala Penal, S. N° 32, 25/6/96, S. N° 55, 22/6/2000), salvo que sea de una gravedad singular demostrativa de la incompatibilidad con la continuidad en el cargo. En el caso, conforme el análisis del cuadro probatorio efectuado en la primera cuestión, se trata de una reiteración de conductas irregulares y no de una sola conducta.
Se admite que los actos de un funcionario pueden “no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, deshonren el país o la investidura pública…” (González, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina, Bs. As., 1897, p. 504).
Por otro lado, se sostiene que el mal desempeño “…si bien es un concepto amplio y genérico, en esencia comporta el ejercicio de la función pública de manera contraria al interés y beneficio público, al margen de la razón, prudencia, discernimiento y buen juicio; de donde la aplicación de la fundamental regla de la razonabilidad sirve para una mejor definición de la idea que encierra el término…” (Linares Quintana, Segundo, Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, Plus Ultra, Buenos Aires, 1987, t. IX, pág. 456).
La jurisprudencia indica desde antaño que “…hay efectivamente mal desempeño en el ejercicio del deber de un juez cuando se presenta ante la opinión dando lugar a ser sospechada su imparcialidad por la participación que tiene con los individuos llamados a ejercer su profesión, en unos casos, y a pedir la aplicación de las leyes en salvaguarda de sus intereses y derechos, en otros; cuando se presenta el juez ligado de una manera tal que esa acción austera del magistrado ajeno a todo interés, no se alcanza a concebir límpida como la luz, elevada como la virtud, propia de su magisterio…” (Juicio político del juez de la Capital Federal Dr. Ángel Pizarro -1892- citado por Armagnague, Juan F., Juicio Político y Jurado de Enjuiciamiento, Depalma, 1995, pág. 115). En el caso se advierte la intervención reiterada de los mismos profesionales en las improcedentes peticiones.
Está de más aclarar que “La inamovilidad de los jueces, según la Constitución, no es, ni lógicamente podría ser, absoluta, sino relativa, en el sentido de que sólo les asegura permanencia en sus cargos ‘mientras dure su buena conducta’… El principio constitucional de la inamovilidad… no significa que puedan sin responsabilidad cometer los mayores desaciertos, iniquidades, escándalos o errores de mala fe, sin que el pueblo tenga la facultad inminente y propia del régimen representativo-republicano de revocarles el mandato que indirectamente les ha dado para administrar justicia. Una inamovilidad así entendida sería demasiado repugnante a la moral y al derecho para detenerse siquiera un momento en refutarla y no ha sido jamás propiciada por los autores” (González Calderón, Juan A., “Curso de Derecho Constitucional”, 6a. edic., Edit. Depalma, Bs. As., 1981, págs. 552/3). Debe destacarse finalmente, que la inamovilidad receptada en el texto vigente (art. 154, Const. Prov.) queda supeditada, para los magistrados y funcionarios a quienes comprende, a que “dure su buena conducta”.
Cabe una reflexión respecto a los actos procesales cumplidos, los cuales conservan su eficacia jurídica si no han sido oportunamente objetados por la parte afectada (art. 1043, 1045, 1046 y cc. C.C.)
Es nuestro voto.
A LA TERCERA CUESTION
Los señores Vocales doctores, María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti, María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, Luis Enrique Rubio, Domingo Juan Sesin, Armando Segundo Andruet y Carlos Francisco García Allocco, dijeron:
I) Debe declararse al Sr. Juez de Paz Roberto Jorge Valfré incurso en las causales de “mal desempeño en las funciones (art. 154 de la Const. Pcial.) y en consecuencia, procederse a su remoción del cargo de Juez de Paz de la localidad de Leones, Provincia de Córdoba (art. 169, íd.). Con costas (CPP, 550/551).
II) Debe comunicarse lo resuelto precedentemente, al Señor Ministro de Justicia de la Provincia, al Sr. Administrador General del Poder Judicial y al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, a sus efectos.
Así votamos.
En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, en pleno;
RESUELVE: 1) Hacer lugar al pedido de destitución de Roberto Jorge Valfré por “mal desempeño en las funciones” y en consecuencia, removerlo del cargo de Juez de Paz de la localidad de Leones, Provincia de Córdoba (arts. 169, en función del 154, de la Constitución Provincial). Con costas (C.P.P. arts. 550/551).
2) Comunicar lo resuelto precedentemente, al Señor Ministro de Justicia de la Provincia, al Sr. Administrador General del Poder Judicial y al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, a sus efectos.
Con lo que se dio por terminado el acto que, previa lectura hecha por el señor Presidente y ratificación de su contenido, firman ésta y los señores Vocales antes nombrados, todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.

Dra. Aída TARDITTI
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia

Dra. María Esther CAFURE DE BATTISTELLI Dra. María de las Mercedes BLANC G. DE ARABEL
Vocal del Tribunal Superior de Justicia Vocal del Tribunal Superior de Justicia

Dr. Domingo Juan SESIN Dr. Luis Enrique RUBIO
Vocal del Tribunal Superior de Justicia Vocal del Tribunal Superior de Justicia

Dr. Armando Segundo ANDRUET Dr. Carlos Francisco GARCIA ALLOCCO
Vocal del Tribunal Superior de Justicia Vocal del Tribunal Superior de Justicia

Dr. Luis María SOSA LANZA CASTELLI
Secretario del Tribunal Superior de Justicia

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